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Condenan a la policía por no evitar los riesgos psicosociales de agentes en Reus.

Ocho agentes sufrieron problemas psicosociales tras un cambio de turnos aprobado sin evaluar los riesgos que suponía la medida.

Un juez ha condenado a la Dirección General de la Policía por no adoptar las medidas para prevenir la salud de los agentes destinados al Aeropuerto de Reus (Tarragona), donde ocho agentes sufrieron problemas psicosociales tras un cambio de turnos aprobado sin evaluar los riesgos que suponía la medida.

En la sentencia, el titular del juzgado de lo social número 1 de Reusda la razón al Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y ordena que se evalúen de forma “inmediata” los riesgos psicosociales, para la seguridad y la salud de los agentes destinados al puesto fronterizo Aeropuerto-Comisaría de Reus (Tarragona), después de que los cambios de turno acordados en 2015 crearon “disfunciones” y un “clima de disconformidad laboral” que causó problemas de salud en hasta ocho policías.

En su resolución, el juez concluye que la Dirección General de la Policía “ha incumplido su obligación legal” de realizar una evaluación inicial y las posteriores evaluaciones de los riesgos psicosociales de los agentes destinados a este aeropuerto tarraconense. El juez remarca asimismo que la Dirección General de la Policía ha incumplido también su obligación de adoptar las “medidas preventivas adecuadas” para “evitar, eliminar o reducir” este tipo de riesgos para los agentes de la Policía.

Por este motivo, la sentencia condena a la Dirección General de la Policía a la “inmediata” realización de una evaluación de los riesgos psicosociales, para la seguridad y la salud de los funcionarios destinados al aeropuerto y a adoptar las medidas “correctoras” necesarias para evitar o disminuir los riesgos “presentes y futuros” que se deriven de esta evaluación.

Según la sentencia, la dirección de la Policía ha incumplido de forma “sistemática” su obligación de realizar una “adecuada” prevención de los riesgos psicosociales. En este sentido, apunta que la evaluación que se llevó a cabo en abril de 2016 se reveló como “meramente teórica y formal” y “sin una efectiva trascendencia preventiva, no ajustada a la realidad y a las peculiaridades de las funciones desempeñadas en las dependencias evaluadas, como tampoco a las particulares circunstancias” de los agentes destinados al aeropuerto.

La sentencia detalla que no se han tenido en cuenta cuatro factores laborales clave, como el absentismo laboral, la siniestralidad laboral, las rotaciones de puestos de trabajo y las solicitudes de traslado. Para el juez, en junio de 2015 se produjo un “hito de especial trascendencia”, ya que se impuso un cambio de turnos de trabajo, dejando sin efecto solicitudes de permiso de vacaciones anuales, lo que supuso una “modificación de entidad suficiente como para justificar una revisión de la insuficiente evaluación de riesgos psicosociales existentes”.

El juez, que advierte sobre el “clima de disconformidad laboral” que se produjo en hasta ocho policías destinados al aeropuerto a raíz del cambio de turnos, descarta que las “disfunciones” que se produjeron en la organización sean debidas “a las demandas de vuelos del aeropuerto”, ya que la cantidad de cambios “no guarda estricta relación con el número total de vuelos”.

Paralelamente, la sección cuarta de la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado la razón a un agente que denunció que sufrió ansiedad debido a la “disfuncional organización del trabajo” en el aeropuerto. El alto tribunal catalán ha concluido que “gran parte” de la plantilla de la Policía Nacional en el aeropuerto de Reus tenía una consciencia de su trabajo como“fatigante y estresante”.

La sentencia recoge también que en junio de 2015 se impuso unanueva jornada laboral “con un aumento de horas trabajadas por día, lo que incluía todos los fines de semana, a lo que se añade los continuos cambios de turnos anunciados con 24 horas de antelación”.

“Ello impidió la conciliación laboral, al trabajar siete fines de semana seguidos. Por ello (la demandante) sufrió un estado de ansiedad, debiendo ser trasladada urgentemente a un centro hospitalario”, sostiene el TSJC.

Real Decreto 60/2018 de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares

Real Decreto 60/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares.

La disposición adicional novena de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, prevé la adaptación normativa de lo dispuesto en dicha Ley a las exigencias de la defensa nacional, las peculiaridades orgánicas y al régimen vigente de representación del personal en los establecimientos militares. En virtud de dicho mandato se aprobó el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares.

La disposición final primera.1.c) del Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, en la redacción dada por el Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, dispone que el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Defensa y de Hacienda y Administraciones Públicas, procederá a la adaptación del Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los Capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares.

Este real decreto tiene por objeto adaptar la normativa específica de prevención de riesgos laborales del personal civil en establecimientos militares, regulada en el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, a lo establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales del personal de la Administración General del Estado, que se regula en el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero. En concreto la necesidad de dicha adaptación viene motivada por las modificaciones que el Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, introdujo en el citado Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, en relación con los delegados de prevención y con los Comités de Seguridad y Salud. A su vez, dichas modificaciones trajeron causa, fundamentalmente, del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, adoptado el 29 de octubre de 2012, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación.

Todo ello, motiva esta modificación del real decreto que afecta a los artículos 4, 6 y 7. Así en el artículo 4 se incluye como novedad que los Delegados de Prevención deberán ostentar la condición de personal civil y deberán estar destinados en los propios centros, y también se modifica la designación de los mismos.

En el artículo 6, se incluye el crédito horario de los Delegados de Prevención que no sean representantes de personal, y se considera como tiempo de trabajo efectivo nuevos supuestos, como las visitas de acompañamiento a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo.

Por último, en el artículo 7 se incluye como novedad principal la posibilidad de crear dos tipos de Comités de Seguridad y Salud, como son: los comités unitarios para una única dependencia y los comités agrupados para el conjunto de las dependencias existentes en una misma provincia que dispongan de 50 ó más empleados públicos en total.

Así mismo se modifica la disposición final primera que faculta al Ministro de Defensa, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo del real decreto.

En la elaboración de este real decreto se ha consultado a las organizaciones sindicales más representativas y se ha oído a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por todo lo anterior, este proyecto de real decreto se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con arreglo al artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, este real decreto consta incluido en el plan anual normativo de 2018.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y del Ministro de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de febrero de 2018,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares.

El Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares, queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

 

«Artículo 4. Delegados de Prevención.

 

1. Los Delegados de Prevención son los representantes del personal civil con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y deberán ostentar la condición de personal civil destinado en los propios centros y establecimientos del Ministerio de Defensa.

 

2. El ámbito para el que se ejercerá la representación en materia preventiva será el del conjunto del personal funcionario, laboral y estatutario destinado en cada centro o conjunto de establecimientos militares para el que pueda constituirse un comité de seguridad y salud, según lo previsto en el artículo 7.2 de este real decreto.

 

3. Con carácter general, los Delegados de Prevención serán designados por los representantes del personal con presencia en los ámbitos de los órganos de representación del personal y entre, por una parte, aquellos funcionarios y personal estatutario que sean miembros de la Junta de Personal correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral miembros del Comité de Empresa o delegados de personal.

 

4. El número de Delegados de Prevención que podrán ser designados para el total del personal adscrito a un centro o establecimiento militar se ajustará estrictamente a la escala establecida en el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. El número resultante de la aplicación de dicha escala al total del personal, se distribuirá, posteriormente, entre el personal funcionario y estatutario, de un lado, y el personal laboral, de otro, de manera proporcional al volumen de cada colectivo a fin de determinar el número de ellos cuya elección corresponda a la junta de personal o al comité de empresa.

 

5. Cuando el número de representantes de personal en un determinado ámbito fuese insuficiente para alcanzar el número de Delegados de Prevención a designar según lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, los representantes de personal o los propios trabajadores podrán designar como Delegados de Prevención, por este orden, a:

a) Otros integrantes del personal civil, que podrán ser elegidos por las centrales sindicales entre delegados sindicales del ámbito de que se trate, de manera proporcional a su representatividad en el mismo.

b) Otros integrantes del personal civil destinados en el centro o establecimiento militar de que se trate aun cuando no tengan la condición de miembros de órganos de representación o de delegados de personal, guardando siempre la proporción señalada en el apartado anterior y respetando lo previsto en el artículo 35.4 de la citada Ley 31/1995, de 8 de noviembre.»

Dos. Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 6 quedan redactados del siguiente modo:

 

«1. Los Delegados de Prevención, sea cual sea el sistema por el que hayan sido designados, gozarán en el ejercicio de sus funciones de las garantías inherentes a su condición representativa.

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de dichas competencias y facultades será considerado como de ejercicio de funciones de representación, a efectos de utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en el artículo 68 e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en el artículo 41. d) del texto refundido la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Dicho crédito horario será el que les corresponde por su condición previa de miembros de juntas de personal, de comités de empresa o de delegados de personal o, en su caso, de delegados sindicales, sin que existan créditos añadidos, propios ni adicionales, por su condición específica de Delegados de Prevención.

 

2. Los Delegados de Prevención, en el supuesto de no ser representantes del personal, tendrán en el desempeño de sus funciones, las garantías establecidas legalmente para éstos en el artículo 41 del texto refundido la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, si son personal funcionario civil y en el artículo 68 a), b), c) y d) y 56.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, si son personal laboral, y si no cuentan con otro tipo de crédito horario, se les garantizará el tiempo necesario para la realización de sus funciones como Delegados de Prevención, en los términos en que se acuerde en la negociación colectiva y con un tope equivalente al crédito horario del que disponen los Delegados de Prevención que son previamente representantes de los trabajadores.

 

3. Será considerado, en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y cualesquiera otras convocadas por la Administración en materia de prevención de riesgos laborales, así como el destinado a las visitas previstas en el artículo 36.2 a) y c) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Además, será igualmente considerado como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito horario, el que se dedique por los Delegados de Prevención a las actuaciones derivadas de la aplicación de los protocolos de acoso existentes en el Ministerio de Defensa, siempre que dichas actividades estén previstas en los mismos, hayan sido formalmente solicitadas por alguno de los afectados o se realicen a instancias de la instrucción del caso de que se trate.»

 

Tres. El artículo 7 queda redactado como sigue:

«Artículo 7. Comité de Seguridad y Salud.

 

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del Ministerio de Defensa en materia de prevención de riesgos laborales.

 

2. En los centros o establecimientos militares que cuenten con 50 o más empleados civiles se constituirá un Comité de Seguridad y Salud integrado por los Delegados de Prevención y por representantes del Ministerio de Defensa, designados por la Dirección General de Personal, en igual número al de Delegados de Prevención. La constitución de los Comités de Seguridad y Salud adoptará una de las dos modalidades siguientes según cual sea su ámbito de representación:

a) Comités unitarios, para una única dependencia, presidido por el jefe del centro o establecimiento militar o personal en quien delegue éste, en aquellas dependencias en las que 50 o más personas realicen tareas del anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención, así como en las sedes centrales de cada uno de los tres Ejércitos y del Ministerio de Defensa.

b) Comités agrupados, para el conjunto de las dependencias existentes en una misma provincia que dispongan de 50 o más empleados públicos en total, en cada caso y presidido por el subdelegado de defensa o en quien delegue éste.

 

3. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán participar, con voz pero sin voto, los delegados sindicales del centro o establecimiento militar que no sean además delegados de prevención, los asesores sindicales, en su caso, y los responsables técnicos de prevención en el ámbito correspondiente. Dichos responsables técnicos no podrán, en consecuencia, formar parte del Comité como representantes exclusivos de la Administración.

En las mismas condiciones podrá participar el personal que cuente con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la Administración General del Estado, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones del Comité.

 

4. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y cuando, existiendo causa grave y urgente, lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.»

 

Cuatro. La disposición final primera queda redactada como sigue:

 

«Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Defensa, previa consulta al Ministro de Hacienda y Función Pública y al Ministro de Empleo y Seguridad Social, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este real decreto.»

 

Disposición adicional única. No incremento del gasto público.

Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.

 

Disposición final única. Entrada en vigor.

 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 9 de febrero de 2018.

FELIPE R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

 

Análisis

  • Rango: Real Decreto

  • Fecha de disposición: 09/02/2018

  • Fecha de publicación: 10/02/2018

  • Entrada en vigor: 11 de febrero de 2018.

 

Referencias anteriores

  • MODIFICA los arts. 4, 6.1, 6.2, 6.3 y 7 y disposición final 1 del Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre (Ref. 1998/21934) (Ref. BOE-A-1998-21934).

  • DE CONFORMIDAD con el Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13414).

  • CITA Real Decreto 67/2010, de 29 de enero (Ref. BOE-A-2010-2161).

 

Materias

  • Administración Militar

  • Comités de Seguridad y Salud

  • Delegados de Prevención

  • Ministerio de Defensa

  • Representación

  • Servicios de Prevención de Riesgos Laborales

Condena al Ayuntamiento de Figueres por no prevenir los conflictos en el seno de la Policia Local

15/1/2018

El TSJ de Cataluña confirma que el Ayuntamiento de Figueres (Girona) debe pagar una indemnización de €25.00 por los conflictos personales en el seno de la Policía local.

La falta de respaldo de los jefes, las órdenes contradictoras y poco claras, la falta de autonomía y tareas excesivas, favorecen el mal clima laboral, señala la sentencia del TSJ de Cataluña que ha confirmado una sentencia previa del Juzgado de lo Social, por la que se condena al Ayuntamiento de Figueres a abonar a una policía de la Guardia Urbana €25.00 en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados de una situación de conflictos personales con sus compañeros, prolongada durante varios años.

La sentencia considera probado que el Ayuntamiento era perfecto conocedor de las “tensas y beligerantes relaciones personales que lacraban la convivencia laboral en el departamento de Policía Local” y “pese a lo notorio y público de las desavenencias” no adoptó las medidas adecuadas en materia de prevención de riesgos laborales.

Según los jueces las empresas y administraciones públicas deben adoptar las medidas adecuadas en materia de prevención laboral para evitar y prevenir situaciones de conflicto, discusiones y violencia psicológica entre los empleados y empleadas de la plantilla.

La sentencia, considera “preciso establecer medidas para clarificar roles, funciones, categorías jerárquicas y sobre todo, formas de actuar y comportarse, así como la necesidad de establecer un protocolo de acoso psicológico/sexual”.

15 años de conflictos

La demandante, representada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncio que a lo largo de 15 años, sufrió diferentes bajas laborales provocadas por conflictos interpersonales, violencia psicológica, y los niveles de crispación entre los diferentes miembros del cuerpo policial. La sentencia relata diferentes episodios de denuncias cruzadas de injurias, comentarios despectivos y amenazantes en Facebook, coacción, prevaricación, acusaciones falsas, acoso laboral…

Sentencia pionera

Desde CSIF, señalan que “que se trata de una sentencia muy significativa porque aborda situaciones, lamentablemente, muy habituales en el ámbito laboral, como son las discusiones y situaciones de conflicto enquistadas entre compañeros de trabajo.

La sentencia incorpora un informe de una mutua de prevención de riesgos laborales donde se apuntan situaciones que inciden de manera negativa en las relaciones entre compañeros: falta de apoyo o respaldo por parte de los superiores; falta de autonomía para adoptar decisiones; falta de claridad en las órdenes, responsabilidades y tiempos de trabajo; instrucciones contradicciones o la asignación de tareas que exceden al puesto de trabajo.

El Ministerio de Defensa indemniza a los herederos de dos víctimas del amianto en la Armada

6/12/2017

El Ministerio de Defensa ha reconocido en dos nuevas resoluciones que “creó una situación de riesgo” al exponer a un Capitán de Navío y un Alférez de la Armada a la inhalación de un material tóxico como el amianto decidiendo así indemnizar a sus herederos.

Según informa en una nota de prensa el bufete Oria, Pajares & Asociados Abogados que ha tramitado las denuncias, estas dos nuevas resoluciones del Ministerio reiteran que el amianto se encontraba presente tanto en los buques como en las propias instalaciones de la Armada, sin que por parte de la Administración militar se adoptara medida alguna de seguridad.

La primera de ellas, determina una indemnización económica de 135.000€, reconocida como daño moral a los herederos de un Capitán de Navío que ingresó en el Cuerpo General de la Armada en 1.950 hasta que pasó a retiro por edad en 1996. Eran tareas propias de su categoría la supervisión de cuantas reparaciones se hacían en los buques en los que estuvo destinado. Como consecuencia de tal exposición, se le diagnosticó un adenocarcinoma pulmonar en el año 1998 sin que el tratamiento médico pudiera evitar su fallecimiento unos meses después. A la viuda del fallecido se le había reconocido únicamente la pensión ordinaria de clases pasivas por desconocer entonces la beneficiaria el origen de la enfermedad profesional y su conexión con el trabajo que su esposo había desempeñado.

La segunda resolución, reconoce una indemnización de 130.000€ para los herederos de un Alférez de la Armada que ingresó en el Cuerpo General de la Armada en 1.954 hasta que pasó a situación de reserva en el año 1.991. Durante su trayectoria profesional, desempeñó siempre su trabajo como especialista mecánico a bordo de distintos buques y embarcaciones. Como consecuencia de tal exposición al amianto, le fue diagnosticado un mesotelioma pleural maligno sarcomatoide en febrero de 2.015 falleciendo en abril del mismo año.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia ante la Inspección de Trabajo un accidente en el campo de tiro

6/12/2017

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado ante la Inspección de Trabajo una denuncia para que se investigue el accidente ocurrido el pasado 5 de octubre en el campo de tiro de Quintanilla Sobresierra, durante una jornada de prácticas de tiro con arma corta de los agentes. En la denuncia se explica que el suceso no tuvo consecuencias graves, pero podría haberlas tenido dadas las condiciones en las que se encuentra el campo de tiro, que adolece de medidas de seguridad, a juicio de la Unificada.

El espacio habilitado para los ejercicios obligatorios es una parcela cedida por la fábrica de explosivos de Quintanilla Sobresierra, que “carece de cerramiento en buen estado”, recoge la denuncia. Además, la distancia de seguridad entre la línea de tiro y la zona de impacto del proyectil es reducida, una deficiencia que se agrava ante el hecho de que la zona de impacto es un talud de tierra con presencia de mucha piedra, “lo que puede provocar proyecciones de los proyectiles al impactar contra ella”. Y eso fue lo que ocurrió el pasado 5 de octubre.

En una de las series de tiro, el proyectil impactó sobre una piedra del talud y provocó la proyección de esquirlas que impactaron contra dos agente. A uno le dio en el brazo, ocasionándole una rojez; al otro, en rasgó el pantalón pero “afortunadamente no alcanzó el cuerpo, sino podría haber ocasionado una lesión”, apunta la AUGC. Por ese motivo, la asociación pide a la Inspección de Trabajo que investigue el accidente y revise las instalaciones, pues estos ejercicios no deben estar fuera de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Es más, ejercicios similares realizados por empresas de seguridad se deben realizar con fuertes medidas de seguridad, “lo que demuestra que no son prácticas extrictamente policiales, sino rutinas de entrenamiento”. La AUGC exige que, en caso de que las instalaciones no cumplan con las medidas de seguridad exigibles, se proceda a su clausura. Además, mientras se resuelve la denuncia, la Unificada solicita que se inste a la Guardia Civil y a la fábrica a cesar los ejercicios de tiro.

Una nariz electrónica para detectar agentes peligrosos, Premio de Investigación de la Fundación Policía Española

4/12/2017

El sistema olfativo artificial propuesto por la UEx y el Grupo TEDAX-NRBQ, Badajoz permite detectar a distancia ambientes químicos y explosivos mediante sensores de gases, combinado con técnicas de inteligencia artificial. El dispositivo, de fácil manejo a través de un teléfono móvil o tableta, tiene como principal ventaja la seguridad que ofrece a los especialistas TEDAX al poder trabajar a distancia

 

05/12/2017. El trabajo de investigación “Sistemas Olfativos Artificiales para la Detección de Agentes  Peligrosos", realizado por José Miguel Sánchez España, inspector jefe del Grupo TEDAX -NRBQ, Badajoz, Jesús Lozano Rogado y José Luis Herrero Agustín, ambos investigadores del  Grupo PSI (Percepción y Sistemas Inteligentes) de la Universidad de Extremadura, ha recibido el Premio de Investigación Fundación Policía Española correspondiente al bienio 2016-2017.

Las amenazas NRBQ-E (nuclear, radiológico, biológico, químico y explosivos) necesitan de un campo muy amplio en la búsqueda de nuevas tecnologías de detección que se traduzcan a nivel de campo en equipos con alta velocidad de respuesta, sensibilidad, escaso tamaño, bajo coste, baja frecuencia de falsas alarmas, etc., para mejorar la respuesta a estos ataques NRBQ-E, en las que el precio no represente un escollo para garantizar la seguridad.

Bajo esta premisa, el grupo TEDAX-NRBQ de Badajoz de la Policía Nacional e investigadores de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura han llevado a cabo una estrecha colaboración que ha culminado con la presentación de un novedoso sistema de detección de explosivos y agentes químicos, mediante un sistema olfativo artificial también conocido como nariz electrónica. “Se trata de un sistema electrónico que incorpora varios sensores de gases, temperatura y humedad, que se conectan de manera inalámbrica a un dispositivo que realiza el procesado de datos e indica en qué tipo de ambiente se encuentra el aparato”, explica Jesús Lozano.

Ventajas de la nariz electrónica

“La principal ventaja que ofrece esta dispositivo es la posibilidad de trabajar a distancia”, afirma José Miguel Sánchez. Para el trabajo de los TEDAX de la Policía, uno de los requisitos claves es la seguridad, es decir, operar a distancia sin necesidad de acercarse a un ambiente peligroso, a un artefacto explosivo o incendiario. En este sentido, la nariz electrónica se puede adaptar a un dron o robot móvil evitando el desplazamiento personal a la zona peligrosa y “el hecho de que puedas personalizar su utilización y consultar los datos en tiempo real a través de la pantalla del teléfono móvil o de una tableta convierte a este sistema en una herramienta muy interesante y atractiva”, añade Sánchez.

Pero es que además, “este sistema electrónico, comparado con otras tecnologías del mercado, tiene el valor añadido de su bajo coste, ya que con tan solo €700.00 tienes similares prestaciones que otros detectores en el mercado mucho más caros”, subrayan los investigadores.

Las pruebas realizadas en laboratorio avalan este sistema para la detección de explosivos, dinamita, pólvora, pentrita o sustancias químicas como el cloro, amoniaco, acetona y peróxido de hidrógeno. También los ensayos han podido detectar los agentes precursores del explosivo TATP, comúnmente utilizado por el terrorismo yihadista. Hasta ahora, no existía un detector que contemplara un abanico tan diverso de explosivos o narcóticos.

Este trabajo representa un primer gran paso en la colaboración entre la Policía Nacional y la Universidad de Extremadura en materia de investigación y desarrollo tecnológico. “Gracias a este trabajo en equipo hemos podido adaptar nuestra investigación a las necesidades de la policía y conocer de primera mano sus técnicas, hemos aprendido mucho ambas partes”, apunta Jesús Lozano. Para José Miguel Sánchez, se debería potenciar la colaboración con la Universidad que en muchas ocasiones no se aprovecha o desconoce. En este caso, la contribución de la UEx en un tema tan concreto como la electrónica ha sido fundamental.

La entrega del premio tendrá lugar el día 14 de diciembre a las 18:00 horas en el salón de actos del Complejo Policial de Canillas.

La UBU colabora con la Ertzaintza en prevención de riesgos

3/12/2017

El profesor Miguel Ángel Camino impartió una conferencia sobre siniestralidad laboral en la Academia de la Extzaintza

Miguel Angel Camino López, profesor del Área de Organización de Empresas del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Burgos, ha participado en Álava en una Jornada sobre Siniestralidad Laboral en la Academia de la Ertzaintza (Arkaute).

Camino impartió la conferencia: Factores Determinantes de la Siniestralidad Laboral en la que expuso los resultados de las principales investigaciones de su grupo de investigación IGR Ingeniería y Gestión Responsable, del que forman parte también los profesores Ignacio Fontaneda y Óscar González Alcántara.

Este profesor detalló los factores de riesgo como el género o la edad, analizó agentes como las escaleras de mano, los riesgos que aportan algunos equipos de protección, la influencia de las crisis económicas en la accidentalidad o la especial idiosincrasia de los accidentes in itínere. En la misma Jornada intervinieron representantes de OSALAN, Inspección de Trabajo y la Fiscalía.

La conferencia estaba enmarcada en la jornada sobre "Siniestralidad y accidentalidad laboral en la CAPV desde la perspectiva de la seguridad y las emergencias” fruto del convenio de colaboración entre el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco Eusko Jaurlaritza y el Instituto Vasco de Criminología Kriminologíaren Euskal Institutua.

La Guardia Civil opera en Canarias con motos de museo

30/11/2017

Tráfico alertaba en una reciente campaña de seguridad que la antigüedad media de las motos que protagonizaron accidentes mortales en 2016 era de 9 años.

La escuela de Tráfico de la Guardia Civil ubicada en la localidad de Mérida ha catalogado como histórico un modelo de motocicleta que sigue utilizándose en los operativos que los agentes llevan a cabo en algunos municipios de Canarias. Concretamente, en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife.

Se trata del modelo BMW R850RT, que cuenta con una cilindrada de 848 centímetros cúbicos y se mantiene en exhibición en el museo de Tráfico de Mérida, acompañada de un cartel que indica que “prestó servicio en la agrupación [de Tráfico] desde el año 1997 hasta 2007”.

Sin embargo, en el caso de Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana) son dos las motos de este tipo que se reparten entre una veintena de agentes, mientras que en La Laguna su número asciende a 18, asegura la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Se trata del mismo modelo que, tras ser reparado, conformó un lote de motocicletas que la embajadora de España en Cabo Verde, Caridad Batalla, entregó a mediados del presente mes de noviembre a la Policía Nacional del vecino país africano para incrementar su vigilancia, aseguran fuentes de esta asociación.

El uso de estos modelos descatalogados supone la asunción de riesgos por parte de los agentes que velan a su vez por la seguridad del tráfico en las carreteras de las Islas, al conducir unas motocicletas que tienen casi quince años de antigüedad y en algunos casos superan los 190.000 kilómetros recorridos.

LOS COEFICIENTES CORRECTORES DE FESTIVIDAD Y NOCTURNIDAD DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EN SU JORNADA LABORAL

14/1/2017

Este artículo está basado en una exitosa negociación colectiva que tuvo lugar en el ámbito de la administración local con motivo del planteamiento presentado conforme a derecho por representantes del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) para que a los miembros de la Policía Local se les reconociese la aplicación de los coeficientes correctores de festividad y nocturnidad del Cuerpo Nacional de Policía en su jornada laboral.

En este sentido, tanto en las consultas efectuadas al Defensor del Pueblo español como a los servicios jurídicos del Ayuntamiento donde se planteó la materia objeto de negociación, coincidieron en sus conclusiones en que no cabía la aplicación automática de los índices correctores de la Policía Nacional a la Policía Local, por ser ésta materia objeto de negociación colectiva y, por tanto, para poder establecer y aplicar índices deberían quedar reflejados en un Pacto-Acuerdo municipal, alcanzado en la Mesa negociadora correspondiente.

INTRODUCCIÓN. –

La Constitución Española de 1978 (CE, en adelante), contempla en su artículo 37 que: “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios…” (p.29319).

Asimismo, en el artículo 40 CE establece que: “(…) los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas (…)” (p.29320).

En este sentido, la Ley 6/99, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana, en su artículo 47, contempla entre los derechos de los miembros de los Cuerpos de Policía Local, el derecho a “una adecuada protección de la salud física y psíquica” (p.19575), al igual que otras leyes de coordinación de policías locales de otras Comunidades Autónomas tales como Aragón, Principado de Asturias, La Rioja, Cantabria, etc.

Así las cosas, debemos abordar los conceptos básicos clave de festivo, nocturno y jornada, respectivamente, establecidos en el Diccionario de la Real Academia Española (en adelante, RAE):

  • Festivo: “Perteneciente o relativo a la fiesta. Dicho de un período de tiempo: Señalado oficialmente para el descanso por celebrarse una fiesta solemne, por oposición a laborable (entre otras).” (RAE, 2014)

  • Nocturno: “Perteneciente o relativo a la noche. Que se hace durante la noche (entre otras).” (RAE, 2014)

  • Jornada: “Tiempo de duración del trabajo diario (entre otras)” (RAE, 2014).

 

En lo atinente al concepto de nocturno, cabe señalar que el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 36, establece que: “a los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana (…)” (p. 100252).

ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO. –

El 20 de febrero de 1995, el Ministerio de Justicia e Interior y las Organizaciones Sindicales SUP, ANPU, SPP, SPPU y SC, suscribieron un acuerdo, en cuyo punto séptimo que lleva por rúbrica “jornada de trabajo”, contempla que:

Se fijarán los índices correctores de 1,50 y 1,25 para las jornadas festivas y nocturnas, respectivamente, así como la reestructuración de los diferentes servicios. A tal efecto, Administración y Sindicatos abrirán una

Mesa de Trabajo, para la ejecución inmediata de este punto, en la que se determinará la forma de compensación del exceso de jornada resultante (p.6682).

Comparativamente, en lo atinente a la jornada laboral, cabe destacar que el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, LEBEP) dice que:

Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial (p.103128).

 

No obstante, en virtud de lo establecido en los artículos 14 y 15, respectivamente, del Decreto 19/2003, de 4 de marzo, por el que se regula la Norma-Marco sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana:

La jornada de trabajo de los miembros de la Policía Local será, en cómputo anual, como la del resto de los funcionarios del respectivo Ayuntamiento.

Las modificaciones, por necesidades del servicio, se retribuirán económicamente o mediante la oportuna compensación horaria, en la forma que se determine en los Acuerdos suscritos por la Corporación.

 

El horario de servicio será el fijado por el órgano competente previsto en la legislación básica de régimen local, conforme a lo establecido en la normativa sobre negociación colectiva vigente, estableciéndose los turnos que sean precisos, atendiendo a las disponibilidades de personal y los servicios a realizar (…) (pp. 7480-7481).

Por otra parte, en lo que respecta a la negociación colectiva, en nuestro ordenamiento jurídico, concretamente, el artículo 37 de LEBEP determina las materias objeto de negociación estableciendo que: “(…) serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso las materias siguientes: (…) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos (…)” (p.103123).

 

Por último, es necesario destacar el artículo 94 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en cuyo artículo 94, establece que: “La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado.

Se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada” (p. 8959).

 

CONCLUSIONES.

A tenor de los argumentos expuestos en el presente artículo, es evidente, que no cabe la aplicación automática de los índices correctores de la Policía Nacional a la Policía Local, por ser ésta materia objeto de negociación colectiva y, por tanto, para poder establecer y aplicar índices deberían quedar reflejados en un Pacto-Acuerdo municipal, alcanzado en la Mesa negociadora correspondiente. Es decir, que si dichos coeficientes correctores se suscriben en un Pacto-Acuerdo municipal, alcanzado en la Mesa General de Negociación de la Administración Local correspondiente, serían totalmente legales y se encontrarían amparados jurídicamente, según la tesis expuesta.

Por otra parte, es evidente que, en el ámbito de la negociación colectiva, dichos índices correctores u otros que pudieran pactarse, podrían ser también perfectamente aplicables a otros colectivos de empleados públicos que desempeñen sus funciones en festivos y nocturnos, tales como bomberos, electricistas, encargados de obras y servicios, conserjes, etc., en su caso.

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EL CHALECO ANTIBALAS EN LABORES POLICIALES, REFLEXIONES DESDE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

08/09/2016

En los últimos días han surgido varias noticias sobre el uso del chaleco antibalas del personal femenino de la Policía y Guardia Civil. En concreto, el caso de una agente de la Guardia Civil de Salamanca que se compró su propio chaleco ante la carencia de chaleco antibalas femenino.

Separando el posible delito militar de insubordinación, no es objeto de la presente reflexión, de la Prevención de Riesgos Laborales en las actividades policiales se pueden aclarar varios aspectos:

1.º ) La ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) es de aplicación a la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El artículo 3.2. de la Ley 31/1995 indica que:

La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de:

  • Policía, seguridad y resguardo aduanero.

  • Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.

  • Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.

No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades.

 

Pero esta “excepcionalidad” queda suficientemente aclarada en la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, sala segunda, de 12 de enero de 2006:

Es de aplicación cuando los cometidos se realizan en condiciones habituales, conforme a la misión encomendada al servicio que se trata, y ello aún cuando las intervenciones derivadas de dichas actividades sean, por su propia naturaleza, imprevisibles y puedan exponer a los agentes que las realicen a algunos riesgos para su seguridad y/o salud.

En resumen, mientras no se vea comprometido el cumplimiento de las medidas indispensables para la protección de la vida, de la salud y de seguridad colectiva, debe prevalecer la observancia de la directiva para garantizar la seguridad y salud de los agentes de los cuerpos de policía, dado que la excepción no se fundamenta en la pertenencia a tales cuerpos, sino exclusivamente en la naturaleza especifica de ciertos cometidos especiales en razón de la absoluta necesidad de garantizar una protección eficaz de la colectividad.

Por lo tanto existen dos tipos de situaciones:

  • Los realizados en condiciones habituales, conforme a la misión encomendada al servicio.

  • Situaciones excepcionales, en este caso se velará para que la seguridad y salud de los trabajadores queden aseguradas en la medida de lo posible.

2º.) La Guardia Civil y la Policía Nacional cuenta con normativa propia en Prevención de Riesgos Laborales.

A diferencia de la Policía Local, que no cuenta con normativa propia y por lo tanto es de aplicación la norma general pese a realizar un trabajo policial con riesgos similares, los dos cuerpos cuentan con normativa propia:

Guardia Civil: R.D. 179/2005

Policía Nacional: R.D. 2/2006

3º.) ¿Son los chalecos antibalas un Equipo de Protección Individual EPI?

La directiva 89/686/CEE En su anexo I relaciona una lista de las clases o tipos de EPI no incluidas en el campo de aplicación de la directiva:

 

  1. EPI concebidos y fabricados específicamente para las fuerzas armadas o las fuerzas de orden público (cascos, escudos, etc.),

El R.D. 773/1997 transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea 89/656/CEE, de 30 de noviembre de 1989.

Artículo 2.2.c:

Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden.

Estos equipos no son considerados EPI a efectos de este real decreto, no porque no se ajusten a la definición, sino porque las condiciones particulares y circunstancias especiales en las que deben ser usados hacen que sea necesario el desarrollo de legislación específica. (Nota de la Guía Técnica para la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo).

Por lo tanto queda claro que un chaleco antibalas NO es un EPI.

Los equipos policiales se pueden clasificar en tres tipos:

  • Equipos de Protección Individual (EPI): Son equipos y dotaciones que no eliminan el riesgo, sino que buscan minimizar o anular las consecuencias del riesgo sobrevenido. (Regulados por el R.D. 773/97 y R.D. 1407/1992)

  • Equipos de Protección Policial (EPP): Son dotaciones específicas para la seguridad profesional policial. Formalmente no son EPI´s al estar excluidos del R.D. 773/97, estando a expensas de regulación legislativa específica, a día de hoy inexistente.

  • Dotaciones de Intervención Policial (DIP): de modo complementario a los EPI y de los EPP son instrumentos y elementos de trabajo propios policial destinados al ejercicio de las actuaciones policiales sin que representen, necesariamente, la protección del usuario.

Queda claro la inclusión de los chalecos antibalas en los EPP.

4º.) ¿Qué ocurre con los chalecos antibalas?

Se ha evidenciado que la administración se ciñe de forma exclusiva a lo especificado en el artículo 2.2.c. del R.D. 773/1997, siendo una visión muy limitada de la normativa y no entendiendo el espíritu de la Ley o su totalidad.

Es decir, ciertamente la norma excluye los chalecos antibala de la definición literal de EPI, pero se ha de considerar que:

  1. Al estar en un nivel de alerta antiterrorista 4 sobre 5, las situaciones excepcionales se solapan con las condiciones habituales de trabajo policial. ¿Realizar una labor de vigilancia de un aeropuerto es una misión encomendada al servicio en condiciones habituales?

  2. La sentencia del tribunal europeo amplía el espíritu de la norma a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores hasta en las situaciones excepcionales.

  3. La exclusión de la definición de EPI se apoya en el desarrollo de normativa específica. Después de 19 años no se ha desarrollado dicha normativa.

  4. La norma propia de los cuerpos policiales indica (R.D. 2/2006 art. 6.2):

 

La Administración adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados para las tareas previstas y, a su vez, para que garanticen la seguridad y salud de los funcionarios y personal que los utiliza. La Administración proporcionará a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velará por su uso efectivo y correcto de los mismos.

  1. Siendo el Chaleco antibalas un EPP y NO un EPI, ¿se debe negar la administración a la protección efectiva de sus trabajadores?. La respuesta evidente es NO, incluso en las empresas de seguridad se ha llegado a acuerdos donde se aprueba la equiparación de los guantes anticorte y chalecos antibalas a EPI.

  2. El propio Ministerio del Interior, por medio de su secretaría general técnica (documento disponible en la web

http://www.interior.gob.es/documents/642012/1569807/52713.pdf/fb1ea0b5-1469-45c5-a59d-2028482792c6 ) indica sobre el uso de chalecos antibalas por parte de los vigilantes de seguridad:

Debe ser la empresa de seguridad, a través del jefe de seguridad, y una vez evaluados los riesgos del servicio, la encargada de determinar en qué supuestos será́ necesario o recomendable el uso del chaleco antibalas, entendiéndose que no tiene por qué tratarse de una decisión circunscrita a cada vigilante y servicio individualizadamente considerado, sino que puede tratarse de algún tipo de protocolo o instrucción interna que determine los servicios que habitualmente se prestarán portando el chaleco antibalas, sin perjuicio de que pueda asimismo autorizarse específicamente su utilización en otros supuestos ocasionales o excepcionales en que la situación de riesgo así́ lo requiera.

En ningún caso el uso del chaleco antibalas debe quedar a criterio del vigilante de seguridad que preste el servicio, el cual, en su caso, podrá solicitar la adecuada evaluación del riesgo del servicio a desempeñar y atender las instrucciones que al respecto le imparta el jefe de seguridad de la empresa.

Finalmente, y no obstante todo lo anterior, los vigilantes, en el marco de la protección queles otorga la legislación de riesgos laborales, podrán asimismo solicitar, a través de los cauces que en la misma se determinan, la correspondiente evaluación del riesgo del servicio o servicios que les sean asignados, así́ como las medidas de protección necesarias para su ejercicio.

  1. Los chalecos antibalas, tratados como EPI o EPP, deben ser ergonómicos, adecuados al trabajador y por lo tanto diferenciados por sexo, tamaño, etc.

De protección adecuada al riesgo y no deben dificultar el uso de la dotación policial o cualquier otra actividad.

A modo de conclusión podemos pensar en ¿qué hace que una mujer Guardia Civil pida autorización para usar un chaleco antibalas, pagado de su propio bolsillo y arriesgándose a un delito de insubordinación?.

Yo creo que está claro, la falta de medidas efectivas de protección en nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ateniéndonos al 14 y 16.2. de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto el empresario ha vulnerado el deber de protección del trabajador frente a los riesgos laborales y ya que es obligación del empresario detectar las situaciones de riesgo, para después realizar las actividades preventivas necesarias para eliminar, reducir y controlar los mismos, práctica no efectuada por el empresario en este caso.

Debemos de tener en cuenta que según las sentencias del tribunal supremo: la deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo, para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá -incluso- de las exigencias reglamentarias.

¿Es tan difícil dotar a nuestra Policía y Guardia Civil de equipos de protección adecuados al riesgo y morfología?

Por último, ruego a los legisladores a contar con profesionales del sector de la prevención en la actualización o elaboración de las normas relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales, casi 20 años para desarrollar una norma específica se me hace difícil de asimilar.

Autor: Juan José Agún González

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EL SINDICATO DE POLICÍA DENUNCIA UN AUMENTO DE SUICIDIOS "ALARMANTE" DENTRO DEL CUERPO

14/07/2016

El SUP asegura que en lo que va de año ha habido ya casi una veintena de fallecidos por este motivo en la corporación.


Un día después de que un inspector se quitara la vida con su arma reglamentaria en un restaurante de Alcobendas (Madrid) tras permanecer ocho horas atrincherado en el establecimiento, ha hecho pública la siguiente nota:


El sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el CNP que integra a todas las escalas y categorías de este colectivo, denuncia el alarmante aumento de los casos de suicidio registrados en el personal perteneciente a esta organización.


El pasado año, el Ministerio de Sanidad incorporó por primera vez el suicidio dentro de la Estrategia Nacional de Salud Mental por ser la causa de mortalidad por excelencia asociada a estos trastornos , con el objetivo de potenciar la detección precoz del riesgo suicida . Estos cambios ,que se han iniciado recientemente dentro de la Guardia Civil y otros cuerpos policiales, donde se dispone de grupos psicológicos de asistencia 24 horas, han hecho que se aprecie ya un descenso en los casos de suicidio, mientras que en el inmovilismo de la Dirección General de la Policía nos lleva a contabilizar desde enero de 2015 casi una veintena fallecidos.
El SUP tiene interpuesta denuncia ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo por la falta total de vigilancia de la salud física y mental a nivel del CNP, aunque previamente dio cuenta de esta situación a la Comisión de Seguridad y Salud de la Subdirección de Personal del CNP , a la Inspección de Personal y servicios de la SES , incluso interpuso una denuncia ante el Defensor del Pueblo, que resolvió instando a la DGP a realizar un seguimiento y al desarrollo de un protocolo a este respecto, sobre cuyo pronunciamiento y exposición de medidas preventivas concretas, a día de hoy continuamos a la espera.


El empeño de la Dirección General de la Policía por controlar las estadísticas policiales, debería ser proporcional a la sensibilidad en la activación de los sistemas de alarma, ante el preocupante índice de suicidios en el CNP, ya que a pregunta de este sindicato en el Consejo de la Policía de 19/10/2015, restó importancia estos porcentajes de suicidio , considerándolos «muy similares” a los del resto de la población, al tiempo que mezquinamente evitó establecer y cualquier relación directa con la profesión.


Fuente: El Confidencial y SUP

GUÍA PRÁCTICA SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE UN ACCIDENTE LABORAL

23/02/2023

AICA publica la ‘Guía PRL: Procedimiento a seguir ante un accidente laboral’, con el objetivo de facilitar a las empresas unas pautas a seguir en estos casos.
De forma práctica se explican procedimientos de actuación ante un accidente, como la Conducta PAS, o cuáles son los datos que debe contener un parte de baja

 
 
Una nueva publicación se suma a la colección de Guías de Prevención de Riesgos Laborales de la Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA, con la colaboración de Asifor Ingeniería y la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, en este caso para dar a conocer el procedimiento a seguir ante un accidente laboral.
La ‘Guía PRL: Procedimiento a seguir ante un accidente laboral’, se edita con el objetivo de poner en conocimiento de los empresarios y trabajadores, los procedimientos correctos a la hora de gestionar un accidente de trabajo. En primer lugar, la Guía define lo que se considera un accidente laboral, que consiste en un acontecimiento anormal, no deseado, que se produce de forma brusca e inesperada, aunque normalmente es evitable, que ocasiona daño a las personas, a la propiedad o pérdidas en el proceso productivo, rompiendo la continuidad del ciclo trabajo. El suceso producido es el resultado del contacto con una sustancia o fuente de energía (mecánica, eléctrica, química, acústica, etc.) superior al umbral límite del cuerpo o estructura con el que se realiza el contacto.


A continuación, la Guía enumera las formas de actuación correspondientes, dependiendo del tipo de accidente que se produzca, pero sobre todo explicando pautas comunes para cualquier situación, como la Conducta PAS (Proteger, Avisar, Socorrer), sobre la que AICA trató de concienciar anteriormente con el vídeo ’Conducta PAS en Seguridad Vial: Proteger, Avisar, Socorrer’, en el que se muestra un caso concreto de un atropello que se produce en un paso de peatones a causa del mal uso del teléfono móvil, tanto por parte del conductor del vehículo como del peatón. Tras hablar de la conducta Pas, la Guía se establece cuáles son las tareas a realizar desde la empresa como consecuencia de un accidente de trabajo, diferenciando entre accidentes sin baja y con baja, y, de forma ilustrativa, se indican los datos que se deben incluir en el parte de accidentes de trabajo.
Esta Guía forma parte de las acciones del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA para fomentar la cultura preventiva entre las empresas y reducir la siniestralidad. Es totalmente gratuita y se puede visualizar y descargar desde la web www.aicaprevencion.com, o directamente a través del siguiente enlace: http://ow.ly/byqa301mpXA.

SE SUICIDA EL POLICÍA ATRINCHERADO EN UN RESTAURANTE DE ALCOBENDAS

13/06/2016

El agente entró a primera hora de la tarde en un restaurante chino, sacó su arma reglamentaria y amenazó con quitarse la vida
El policía sufría problemas sentimentales y se despidió de su familia a través de una carta en Facebook


LUIS F. DURÁN
Madrid


Más de ocho horas de encierro que acabaron de la peor manera posible. Éste es el resumen de la tarde del martes en la que un agente de la Policía Nacional se atrincheró en un restaurante chino de Alcobendas y acabó descerrajándose un tiro en la cabeza. Eran las 22.50 horas de la noche y los GEO se preparaban para entrar en el local. No llegaron a tiempo. Los médicos trataron de reanimarlo, pero estaba clínicamente muerto. Había dejado en Facebook por la mañana una carta de despedida en la que contaba que tenía problemas con su mujer.


El agente, de 45 años, llegó sobre las 14.00 horas al restaurante Yin He, situado en el número 123 de la calle Marqués de Valdavia. Llegó a sentarse en una mesa y tras consultar varias veces su móvil, sacó su arma reglamentaria y amenazó con suicidarse allí mismo.


Los dueños llamaron a la Policía y tanto los comensales como los trabajadores del local salieron huyendo a la calle. Hasta el lugar se acercaron dos negociadores y dos psicólogos de la Policía Nacional y miembros de los GEO. También una ambulancia del Summa en modo preventivo.


El agente estaba destinado en la División de Personal, en el distrito de Chamartín. Dejó una carta de despedida en Facebook asegurando que no le quedaban más ganas de vivir debido a asuntos sentimentales. También indicó que tenía problemas con su mujer, de la que estaba en proceso de separación.


Los hechos ocurrieron entre las 14.30 horas y las 15.30 horas cuando el policía atrincherado estaba comiendo solo y de forma tranquila en el restaurante. Varias personas aseguran que iba algo ebrio y que tras consultar el teléfono móvil sacó su arma y empezó a gritar que se iba a suicidar.


Más tarde, pidió la presencia de un amigo del Cuerpo, que se presentó en el restaurante y con el que habló a través de su teléfono móvil. El conocido acabó entrando en el local acompañado de varios Geos.


El policía, al ver que su amigo iba con varios agentes detrás, sacó la pistola y efectuó al menos tres disparos intimidatorios. Los agentes abandonaron el local y en el interior quedó el funcionario, solo.
Hasta el lugar acudió también su esposa. Varios negociadores de la Policía trataron de contactar con el agente y convencerlo para que se entregase. El policía señaló que no quería saber nada de su mujer e indicó : "No quiero vivir más".


Tres disparos en el interior
El edil de Seguridad de Alcobendas, Luis Miguel Torres, confirmó que se produjeron tres disparos en el interior del establecimiento pero que no hay ni heridos ni rehenes por parte del agente.
Torres explicó también que se acordonó la zona para evitar riesgos mayores, aunque la situación está "controlada". El edil aseguró que al principio se dio una "situación con rehenes", en referencia a los trabajadores, pero pudo revertirse.

UN POLICÍA ZARAGOZANO ACUDE AL JUZGADO PARA QUE SU UNIDAD TENGA CHALECOS ANTIBALAS

17/03/2016

A. Maluenda. Zaragoza 18/03/2016 a las 06:00

Las quejas de los agentes de Policía Nacional por la supuesta falta de chalecos antibalas que les protejan en las situaciones de peligro han tomado un camino inédito: la vía judicial. Un agente zaragozano ha interpuesto una demanda en el juzgado de la social número 5 de la capital aragonesa para que su unidad cuente con este elemento de seguridad laboral.

El funcionario elevó una demanda ordinaria por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En ella argumenta que existe "omisión de medidas de seguridad" y critica "la desestimación de asignación de chalecos antibalas de uso individual de la Dirección General de la Policía". Será el juez quien dirima si se está quebrantando la ley y a qué estamento correspondería subsanar la carencia.

Fuentes oficiales niegan las apreciaciones del agente y aseguran que "la unidad a la que pertenece cuenta con chalecos antibalas suficientes que portan en el maletero de sus vehículos". Estas mismas fuentes sostienen que "la Direccion General tiene una dotacion de chalecos antibalas y anticuchillo para los grupos operativos de atencion al ciudadano, los grupos operativos de respuesta, las unidades de prevención y reaccion, las brigadas moviles, las de protección dinámica y para quienes realizan los traslados de detenidos, que son las que establece la normativa".
 
Entre otros aspectos, el agente afirma que los chalecos comunitarios están "obsoletos" y pide que se le reconozca "el derecho a cobrar un plus de peligrosidad idéntico al cobrado en zonas de riesgo terrorista en los años de mayor actividad etarra".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), que le está prestando apoyo jurídico, lleva idea de "extender la demanda, poco a poco, desde el resto de unidades" para lograr una herramienta de trabajo que se les ha ido negando "sistemáticamente".
 
El agente que puso en marcha el proceso lleva años batallando para conseguir que tanto a él como a sus compañeros de unidad se les equipe con "el material adecuado de protección personal de carácter individual: chalecos antibalas y guantes anticorte" y asegura en su demanda que siempre ha tenido la misma respuesta: "La unidad no está contemplada en la adjudicación de ese material". Fuentes oficiales niegan este extremo.

La demanda se interpuso a finales del mes de diciembre y fue la primera de este tipo. Más adelante, cuatro sindicatos policiales -el mayoritario, SUP, junto con CEP, UFP y SPP- han presentado una denuncia conjunta por el incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales que supone que cada policía no disponga de un chaleco antibalas.



Chalecos para mujeres y otras peticiones.
Por su parte, el portavoz del SUP en Zaragoza, Gonzalo de Miguel, asegura que Interior "sigue sin resolver el problema y no sólo no ha traido un chaleco desde hace meses sino que se da el caso de que tenemos menos chalecos que antes al haberse ido compañeros con chalecos asignados a otros destinos y llegar nuevos compañeros que no disponen de él".


DISPARA A UNA MOSSO D'ESQUADRA TRAS QUITAR EL ARMA A OTRO AGENTE

29/03/2016

EFE.

Una agente de los Mossos d'Esquadra ha sufrido hoy lesiones leves en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), cuando una persona a la que iba a detener ha cogido la pistola de un compañero y le ha disparado, aunque la bala ha quedado atrapada en el chaleco antibalas de la policía.
Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, los hechos han ocurrido hacia las 18:30 horas de la tarde, a la altura del número 49 de la avenida Generalitat de Santa Coloma de Gramenet, adonde los agentes se habían desplazado para practicar una detención.
Según las primeras informaciones, el hombre al que los Mossos iban a detener ha logrado arrebatar la pistola a uno de ellos y ha disparado contra la agente que, gracias a su chaleco antibalas, solo ha resultado herida de carácter superficial y ha sido trasladada por sus propios compañeros a un hospital.
Los hechos han ocurrido cuando el hombre, que iba a ser detenido por un delito de robo con fuerza, ha ofrecido resistencia, por lo que los agentes le han reducido, momento en el que ha aprovechado para coger la pistola de uno de los mossos.
 
Según las fuentes consultadas, una vez se ha hecho con el arma, ha efectuado dos disparos, uno que ha impactado en la espalda de la agente y otro que ha ido al aire, por lo que se ha encontrado el casquillo en la zona.
Los agentes han pedido refuerzos y, finalmente, han podido detener al autor del disparo, según las mismas fuentes.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido en el lugar de los hechos a otros dos Mossos por contusiones, mientras que otros dos también han ido al hospital para hacerse radiografías porque han recibido algunos golpes en el transcurso de esta operación policial.
Los sindicatos de los Mossos han destacado que, si no hubiera sido por el chaleco antibalas, la agente habría sufrido lesiones de gravedad, al tiempo que han reivindicado que este caso demuestra la importancia de poder actuar con pistolas eléctricas.
En declaraciones a Efe, la portavoz del Sindicato SAB-FEPOL, Valentina Nadón, ha pedido a la Generalitat que distribuya de forma urgente chalecos antibalas a los Mossos que aún no disponen de este elemento y ha pedido a la sociedad y al Parlament que sean conscientes de la "necesidad urgente" de dotar a Mossos y policías locales de estas y otras armas no letales.
Por su parte, el portavoz de SME, integrado en la intersindical de los Mossos d'Esquadra junto a SPC y CAC, Toni Castejón, ha reivindicado el uso de las pistolas eléctricas, ya que es una herramienta útil para evitar el cuerpo a cuerpo con personas que presentan resistencia y evitar así que les agredan y les disparen.
En la misma línea, el portavoz de USPAC, Josep Miquel Milagros, ha afirmado que, si los agentes hubieran dispuesto de pistolas eléctricas, el incidente de hoy se hubiera podido evitar

BRUSELAS OBLIGA A ESPAÑA A REVISAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA GUARDIA CIVIL ANTES DE JULIO DEL 2015

29/03/2016

Actualidad - España - www.elconfidencialdigital.com


Hace nueve años, el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por incumplir la Directiva marco sobre riesgos laborales, al no aplicarla en la Guardia Civil. A pesar del tiempo transcurrido, la Benemérita sólo cumple en parte dicha Directiva, continuando con una política de ocultismo, falta de información e incumplimiento reiterado en materia de Riesgos Laborales.
Uno de esos incumplimientos es el relativo a la figura de los representantes de los trabajadores en materia de Riesgos Laborales (Delegados de Prevención), que existen en cualquier empresa y administración pero no en la Guardia Civil, contradiciendo con ello, no solo la directiva europea, sino los fundamentos jurídicos de la sentencia del alto tribunal del año 2006 que deja claro que la Directiva es de plena aplicación en la Guardia Civil.


Por ese motivo, la Asociación Unificada de la Guardia Civil remitió, hace unos días, una denuncia contra el Cuerpo a la Comisión Europea por no aplicar la EU Pilot 7307/15/EMPL.
La nueva denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha provocado que Europa obligue a la Guardia Civil a regular la figura del trabajador nocturno y a comprometerse para tener evaluados los riesgos de los puestos de trabajo antes de julio de 2015.

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